En julio habría elecciones en Valle y Huila
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| Archivo SEMANA NACION |
El
gobierno analiza los alcances de dos conceptos del Consejo de Estado
que podrían resolver las vacancias temporales en las gobernaciones de
ambos departamentos.
El gobierno tendrá la
obligación de convocar elecciones atípicas en los departamentos donde
los organismos de control suspendieron o inhabilitaron a sus respectivos
gobernadores.
La convocatoria de las elecciones, según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, podría tener lugar la próxima semana, y desde ese momento habría un plazo de 55 días para realizarlas.
Valle del Cauca y
Huila podrían ser los departamentos donde el próximo mes de julio los
ciudadanos tendrían que salir a las urnas para escoger mandatario
regional.
La Contraloría ordenó la suspensión de Héctor Fabio Useche, gobernador del Valle, mientras que la Procuraduría inhabilitó por 11 años a la gobernadora de Huila, Cielo González.
Según el concepto del Consejo de Estado, que respondía a la inquietud del gobierno nacional sobre cómo debía proceder frente a la suspensión del gobernador del Valle, el presidente de la República debe convocar a elecciones atípicas debido a que el alto tribunal consideró que en ese departamento se constituye falta absoluta del gobernador.
Mientras tanto, dice el concepto, el presidente de la República debe hacer la designación de gobernador encargado para el Valle del Cauca, de una terna que conforme el partido político que avaló la candidatura del gobernador elegido.
Eso quiere decir que en los próximos días el partido MIO (Movimiento de Inclusión y Oportunidades), que avaló la candidatura de Useche, deberá enviar la terna. Actualmente las funciones de burgomaestre las adelanta por encargo del gobierno Aurelio Iragorri, alto consejero presidencial para asuntos políticos.
En consecuencia, un cambio político en el Valle sólo se podrá producir después de los 55 días que, según la ley, el gobierno nacional tiene plazo para convocar las elecciones atípicas.
"La falta es absoluta, entonces la semana entrante estaremos procediendo a la convocatoria de nuevas elecciones en el Valle, que tendrán lugar en el plazo que señaló la Reforma Política, que es de 55 días", dijo Germán vargas Lleras, ministro del Interior
Este mismo procedimiento, según lo anticipó el Ministro, podría producirse en Huila. El funcionario afirmó que el gobierno esperará la notificación del fallo de la Procuraduría que suspendió a la gobernadora Cielo González para proceder.
En el caso del Huila, González fue avalada por el Partido de La U, movimiento político que deberá escoger una terna para que sea designado el gobernador encargado mientras se procedería a la convocatoria de elecciones atípicas.
Sin embargo, la situación de ese departamento es particular porque al fallo que afectó a González, procede un recurso de apelación, por lo que la decisión aún no estaría en firme.
El presidente del partido de la U, Juan Lozano, aseguró que cuando le entregó el aval a la entonces candidata González no había decisiones disciplinarias que la inhabilitaran, pero que si la segunda instancia ratifica la destitución la expulsarán de la colectividad.
"Si se demuestra que mintió, habría que aplicarle las sanciones más severas", aseguró Lozano.
La reforma política del 2009, puesta en vigencia el año pasado, establece que los presidentes de los partidos que le hayan dado el aval a personas que después sean sancionadas penal y disciplinariamente, pueden ser hallados responsables políticamente y por ende castigados.
La Contraloría ordenó la suspensión de Héctor Fabio Useche, gobernador del Valle, mientras que la Procuraduría inhabilitó por 11 años a la gobernadora de Huila, Cielo González.
Según el concepto del Consejo de Estado, que respondía a la inquietud del gobierno nacional sobre cómo debía proceder frente a la suspensión del gobernador del Valle, el presidente de la República debe convocar a elecciones atípicas debido a que el alto tribunal consideró que en ese departamento se constituye falta absoluta del gobernador.
Mientras tanto, dice el concepto, el presidente de la República debe hacer la designación de gobernador encargado para el Valle del Cauca, de una terna que conforme el partido político que avaló la candidatura del gobernador elegido.
Eso quiere decir que en los próximos días el partido MIO (Movimiento de Inclusión y Oportunidades), que avaló la candidatura de Useche, deberá enviar la terna. Actualmente las funciones de burgomaestre las adelanta por encargo del gobierno Aurelio Iragorri, alto consejero presidencial para asuntos políticos.
En consecuencia, un cambio político en el Valle sólo se podrá producir después de los 55 días que, según la ley, el gobierno nacional tiene plazo para convocar las elecciones atípicas.
"La falta es absoluta, entonces la semana entrante estaremos procediendo a la convocatoria de nuevas elecciones en el Valle, que tendrán lugar en el plazo que señaló la Reforma Política, que es de 55 días", dijo Germán vargas Lleras, ministro del Interior
Este mismo procedimiento, según lo anticipó el Ministro, podría producirse en Huila. El funcionario afirmó que el gobierno esperará la notificación del fallo de la Procuraduría que suspendió a la gobernadora Cielo González para proceder.
En el caso del Huila, González fue avalada por el Partido de La U, movimiento político que deberá escoger una terna para que sea designado el gobernador encargado mientras se procedería a la convocatoria de elecciones atípicas.
Sin embargo, la situación de ese departamento es particular porque al fallo que afectó a González, procede un recurso de apelación, por lo que la decisión aún no estaría en firme.
El presidente del partido de la U, Juan Lozano, aseguró que cuando le entregó el aval a la entonces candidata González no había decisiones disciplinarias que la inhabilitaran, pero que si la segunda instancia ratifica la destitución la expulsarán de la colectividad.
"Si se demuestra que mintió, habría que aplicarle las sanciones más severas", aseguró Lozano.
La reforma política del 2009, puesta en vigencia el año pasado, establece que los presidentes de los partidos que le hayan dado el aval a personas que después sean sancionadas penal y disciplinariamente, pueden ser hallados responsables políticamente y por ende castigados.
