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viernes, 25 de mayo de 2012

Abren proceso de responsabilidad fiscal contra exgobernador Francisco José Lourido

Contraloría encontró hallazgos al analizar contratos durante la vigencia de 2011.

 

Ante las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría del Valle en la formación y ejecución del contrato que entregó durante 30 años la operación del Hotel Estación en Buenaventura, a la firma Hoteles Tequendama de Bogotá, se inició proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador del Valle, Francisco José Lourido.

La decisión también afecta a los secretarios de Hacienda y Jurídica de la época.

El contralor Adolfo Sinisterra indicó que al revisar el contrato 0630 de 2 de junio de 2011, suscrito entre el exgobernador y la firma bogotana, se encontró que "se trata de un contrato lesivo para las finanzas del departamento".

Explicó que el Hotel era administrado por una cadena hotelera bajo contrato de arrendamiento, pero el año pasado se suscribió "un mal llamado contrato de operación que al revisar sus cláusulas contractuales tiene más similitud con un contrato de concesión".

De acuerdo con la Contraloría, para la asignación de este contrato no hubo proceso de selección abierto que permitiera encontrar mejores condiciones para la operación del hotel ni se evidencia un análisis técnico que permita determinar por qué se entrega la operación a un término de 30 años.

Según el contrato, el departamento recibirá el tres por ciento de las utilidades netas generadas por el hotel, mientras el operador recibirá el 97 por ciento. A Hoteles Tequendama, según la Contraloría, se le concedió además seis meses de periodo muerto en el que no pagó un peso a la Administración y un periodo de cuatro años para realizar un plan inversiones de hasta 3.300 millones de pesos.

"La Contraloría no detectó ningún plan, pero el operador manifiesta que ha realizado inversiones por 600 millones. Enviamos una comisión para verificar a qué corresponden", dijo el funcionario.

Para la Contraloría no es claro por qué el contrato incluye dos pisos (con vocación comercial) en el Edificio El Café en Buenaventura cuya productividad no quedó incluida en el tres por ciento que recibirá el departamento. Tampoco por qué el departamento asume las reparaciones y el mantenimiento del hotel, las pólizas de seguro de la estructura y el pago del impuesto predial.

"Estamos detectando hallazgos fiscales, por cuantificar, por el término en que fue entregado el hotel para una operación ineficiente y antieconómica. El hotel será recibido según inventario inicial. ¿En 30 años vamos a encontrar los mismo bienes entregados? El contrato es leonino y perjudicial al departamento, que no gana nada", dijo Sinisterra.

De acuerdo con el Contralor, en este caso se detecta un presunto hallazgo de carácter penal por peculado por favorecimiento a terceros que será puesto en conocimiento de las autoridades.

Pero no es el único contrato por el cual la Contraloría abrió proceso fiscal contra el exmandatario. Será investigado por la terminación de los contratos de concesión que se celebraron con los operadores en el tema de las vigencias futuras, sin sustento técnico, y por la cual se pagó 16.459 millones de pesos.

Los procesos hacen parte de los hallazgos encontrados por el ente de control en una auditoría especial a la vigencia 2011, durante la cual se celebraron 1.223 contratos por valor de 325.919 millones de pesos. De estos, se seleccionaron 209 contratos por 135.662 millones que son objeto de verificación.

Entre estos contratos se encuentra uno por 33.000 millones de pesos celebrado con el Hospital Universitario del Valle; el Hospital Siquiátrico, en el que hubo hallazgos por 10.000 millones de pesos y otro en la Unidad Ejecutora de Saneamiento.

También es revisado un Otrosí en el contrato de distribución de los productos de la Industria de Licores del Valle, que se relaciona con menores utilidades para la industria. Por este razón se abrió proceso fiscal contra el gerente de la ILV en 2011.

La Contraloría también encontró problemas en contratos del departamento y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para seguridad alimentaria, en los que no se cumple de manera óptima la obligación de suministrar desayunos a escolares en Sevilla, Obando, El Dovio, Roldanillo, La Unión, Palmira, Ulloa, Riofrío, Dagua, Trujillo y Bolívar.

Los procesos se adelantarán de manera oral y pública. 

'Espero que haya el debido proceso' 

El exgobernador Francisco José Lourido, quien asegura que no quiere entrar en una discusión pues considera que se trata de un tema político, dijo que lo único que espera ante el anuncio de las investigaciones es que se exista el debido proceso.

"Estoy presto a contestar todas y cada unas de las aseveraciones que en un momento dado se puedan hacer sobre mi administración. Estoy tranquilo en las decisiones, no solo en el caso de Hotel Estación , sino con lo que contratamos", dijo Lourido.

Precisó que no se tiene en cuenta que el hotel en 14 años con el contrato anterior no solo no recibió un pesos sino que adicionalmente ni siquiera pagaron predial.

"El contrato con Hoteles Tequendama es interadministrativo pues se trata de una empresa del Estado, de las Fuerzas Militares. Adicionalmente se le da una participación a la Gobernación sobre un porcentaje de las venta y se compromete Hoteles Tequendama a meterle 4.000 millones de pesos para modernizarlo y adecuarlo", dijo el exmandatario.

Agregó que lo que no se dice es que el hotel estaba en condiciones deplorable.

"Veo obviamente un viso político en todo el proceso, les preocupa mucho las próximas elecciones y armar un polvorín de lo que no existe. No quiero profundizar en el tema y darles la tribuna que esperan", concluyó.
El déficit del Valle es mayor

Al analizar la decisión del departamento de entrar en Ley 550, la Contraloría consideró que será un espacio que permitirá al Valle conocer a sus deudores y el valor real de las deudas. El contralor Adolfo Weibar Sinisterra, dijo que hay especial preocupación por la fragilidad del Sistema SAP, la avalancha de demandas contra el departamento producto del desorden en sus finanzas y un déficit que, de acuerdo con los análisis, supera los 164.000 millones de pesos.

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